LOS JUBILADOS MIRAN DESDE AFUERA LA -BATALLA- POR EL 82 % MÓVIL

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ACONSEJA DUPLICAR APORTES PATRONALES

Pide la oposición vender la mitad del fondo de ANSeS

La oposición recogió ayer el guante del desafío planteado por el Gobierno para que explique la forma de financiar la suba de la jubilación mínima hasta el 82% del salario mínimo y propuso que el costo fiscal de la medida, calculado en alrededor de $ 20 mil millones podría ser compensado por la restitución de contribuciones patronales, un incremento de la recaudación impositiva por el aumento del gasto en consumo de los propios jubilados o mediante la venta de la mitad del stock de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSeS y que alcanza los $ 150.000 millones.

Los mecanismos propuestos desde diversos sectores de la oposición legislativa para financiar la recomposición de los haberes constituyeron una respuesta directa a las acusaciones lanzadas por funcionarios de la administración Kirchner, que juzgaron de “demencial” el proyecto que debate el Congreso y desafiaron a sus impulsores a determinar las fuentes de financiamiento de la iniciativa.

Desde Proyecto Sur, el diputado Claudio Lozano calculó que ajustar del haber previsional en línea con el fallo de Corte Suprema de Justicia en el denominado caso “Badaro” y garantizar una jubilación mínima equivalente al 82% del salario mínimo vigente de $ 1.500, implicaría para las cuentas públicas un financiamiento adicional de $ 32.000 millones anuales. Sin embargo, consideró que el aumento de las jubilaciones redundará en un mayor gasto en consumo por parte del sector pasivo, situación que incrementaría la recaudación impositiva en unos $ 6.400 millones, lo que llevaría el costo neto de la medida a $ 24.000 millones.

“Este es el costo de decisiones que serían imprescindibles para resolver la urgencia social que plantea el hecho de tener 7 de cada 10 abuelos ganando $ 895 cuando la canasta básica no baja de $ 2.000”, justificó el legislador. Ese costo, según la propuesta de Lozano, podría financiarse mediante la restitución de las contribuciones patronales para grandes empresas a los niveles que tenían en el año 1993, el mismo planteo que exponen desde la CGT y la CTA, lo que supone un ingreso extra de $ 16.000 millones anuales. Mientras el resto de los recursos necesarios, unos $ 8.000 millones, se obtendría del superávit financiero de la ANSeS (que para 2010 fue proyectado en $ 8.200 millones).

Lozano anticipó a este diario otra alternativa que analiza la oposición para financiar los aumentos. Propuso la idea de fijar un tope sobre el stock de activos del FGS, equivalente a un año de prestaciones. En la actualidad ese stock equivale a dos años de prestaciones, situación que de avanzar la iniciativa implicaría que el 50% de los activos del Fondo podrían liberarse para pagar la suba a jubilados.

A su vez, el diputado radical Ricardo Alfonsín planteó la posibilidad de que el reajuste de los haberes previsionales sea pagado con la renta mensual proveniente del FGS, que administra la ANSeS y que en la actualidad también financia la asignación universal por hijo.

Alfonsín rechazó ayer los argumentos oficiales que advirtieron que la propuesta opositora significará el quiebre del sistema previsional y, tras aclarar que la iniciativa no impulsa el retorno al 82% móvil, consideró que asegurar un piso de $ 1.230 para la jubilación mínima puede ser afrontado “sin dificultades” por los recursos de la propia ANSeS.