La pelea por los planes va al Congreso
Diputados de la oposición exigieron al Ejecutivo que informe sobre la ejecución del Plan Argentina Trabaja y la Asignación Universal
Jueves 11 de febrero de 2010 | Publicado en edición impresa
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Marcelo Veneranda
LA NACION
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Las denuncias por el manejo clientelar de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja ya no se oirán sólo en las avenidas y rutas bloqueadas por los piqueteros, sino que tendrán su correlato en el Congreso de la Nación. Ayer, un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto que exige explicaciones al Gobierno acerca del modo en que se están ejecutando los fondos del programa, los parámetros con los que se elige (o se aparta) a sus beneficiarios y la forma en que se controla el uso de los recursos por parte de los intendentes del conurbano bonaerense.
El objetivo, explicaron a LA NACION, es que el debate acerca de las cooperativas se instale en la agenda nacional -y no sólo entre los grupos que pugnan por acceder al trabajo- y se ponga en evidencia la "falta de transparencia" con que se asignan los millonarios recursos del programa, en medio del "avance de la crisis entre los segmentos más postergados de la población".
La iniciativa es motorizada por legisladores de GEN, la UCR, el Partido Socialista, Proyecto Sur y Libres del Sur, quienes presentaron un segundo pedido de informes sobre los criterios de ejecución y las denuncias que rodean la implementación de la Asignación Universal por Hijo.
El listado de 36 preguntas sobre el Plan Argentina Trabaja es un muestrario de la incertidumbre que rodea la ejecución del programa desde que fue anunciado por la Presidenta, en agosto de 2009. Según los legisladores, sólo el Gobierno conoce cuánto dinero se destinó y se destinará al plan, cuánto se ha ejecutado hasta hoy y de qué manera se distribuyen y controlan esos recursos.
Asimismo, los diputados denuncian que tampoco hay información oficial acerca de cuántas provincias serán incluidas y si los distritos beneficiados se elegirán a partir de criterios socioeconómicos o políticos, como creen que sucedió en la reciente extensión de las cooperativas a la provincia de Tucumán y la ciudad de Corrientes, dos administraciones afines a la Casa Rosada.
Para la autora de la iniciativa, la diputada de GEN Virginia Linares (Buenos Aires), lo único claro es quiénes no pudieron anotarse en el programa. "Las cooperativas son una herramienta electoral del kirchnerismo, que decide arbitrariamente quiénes acceden y quiénes no, y resulta contraria a la cultura del trabajo", indicó, para completar: "Existe falta de transparencia tanto en la selección como en la utilización de los fondos por los municipios".
"Cooperativas ficticias"Para la diputada Cecilia Merchán (Libres del Sur-Córdoba), el Congreso debe ser caja de resonancia "del vergonzoso uso clientelar de un plan que inventa cooperativas ficticias y discrimina a las que la misma sociedad había creado", en referencia a los emprendimientos de las organizaciones de base surgidos tras la crisis de 2001.
Paradójicamente, el argumento de la "arbitrariedad" en la elección de los beneficiarios fue repetido en las últimas horas por el piquetero ultrakirchnerista Luis D´Elía, quien advirtió acerca de la posibilidad de que recrudezcan los conflictos en las calles si los intendentes del PJ continuaban discriminando a las organizaciones sociales (de lo que se informa por separado).
De acuerdo con el socialista Ricardo Cuccovillo (Buenos Aires), el Plan Argentina Trabaja es un "nuevo sistema de distribución clientelar de subsidios", que "nada" tiene que ver con el cooperativismo. "Como todo lo que genera este gobierno, no hay ningún control, pero indigna que los recursos se utilicen sin transparencia en medio de una situación cada vez más angustiante para un amplio sector de la población".
El control de las cooperativas es retomado por un tercer proyecto, en este caso del diputado Gerardo Milman (GEN-Buenos Aires), que solicitó la fiscalización de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Tanto en el caso del Plan Argentina Trabaja como en el de la Asignación Universal, los legisladores confían en que la nueva composición de las comisiones de Salud y Asuntos Sociales facilitará el avance de las iniciativas. También descuentan que recibirán el apoyo de los legisladores del peronismo disidente.
Sus dudas giran en torno a lo que pueda suceder en la Comisión de Presupuesto, donde el oficialismo mantiene la mayoría, por lo que ya definieron cuál será la estrategia en caso de que el Gobierno eluda los pedidos de informes: interpelar en el Congreso a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
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