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Gustavo Carabajal
LA NACION
En los últimos 18 meses, más de 600 mujeres fueron secuestradas en la Argentina por redes de trata de personas. La estadística corresponde a la red de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de buscar a esas mujeres y de contener a las familias de las víctimas.
"Por cada mujer que encontramos, desaparecen siete. Las bandas que se dedican a este delito son muy poderosas", explicó Fabiana Tuñez, quien junto con Ada Beatriz Rico y Marta Montesano fundó La Casa del Encuentro, ONG que junto con la Fundación María de los Angeles, Alto a la Trata y la Fundación Mujeres en Igualdad forman parte de la Red No a la Trata.
"Muchas redes de trata, para mantener cautivas a sus víctimas, tienen amenazadas a sus familias", sostuvo el comisario Jorge Fernández, jefe de la División Trata de Personas de la Policía Federal.
Uno de los casos más dramáticos que le tocó vivir al comisario Fernández ocurrió en Olmos, cerca de La Plata. Allí, un proxeneta obligó a abortar a una de las mujeres que trabajaba en el prostíbulo. El bebe fue enterrado en el patio del local. Fernández también recordó un caso en el que descubrió a una niña, de 9 años, en un prostíbulo, la que había sido entregada por su padre a la red de trata.
Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización Internacional para las Migraciones consideraron la trata de personas un delito transnacional que, en la actualidad, supera en todo el mundo al tráfico de armas en cuanto al volumen de dinero que maneja, y que quedó un escalón por debajo del narcotráfico.
A partir de la sanción de la ley 26.364, el gobierno argentino adhirió al Protocolo de Palermo, por el que las naciones se comprometieron a combatir el tráfico de personas. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, asignó a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y trata de personas (Ufase), a cargo del fiscal Marcelo Colombo, la tarea de luchar contra ese delito.
La norma, sancionada en 2008, no sólo persigue a las organizaciones que se dedican a traficar mujeres para ejercer la prostitución, sino que apunta a sancionar a los grupos que explotan laboralmente a mujeres y hombres. Este fue el caso de un matrimonio de nacionalidad boliviana juzgado por trata de personas. Se trata del primer juicio oral en los tribunales federales porteños por un delito de este tipo y el tercero en el país (ver aparte).
Hace diez días, el fiscal Colombo, que estuvo a cargo de la acusación, pidió que la pareja fuera condenada a diez años de cárcel por haber traído desde Sucre, Bolivia, en forma ilegal a tres adolescentes de entre 14 y 16 años. Según sostuvo el fiscal en su alegato, las jóvenes fueron obligadas a trabajar en cuatro verdulerías que el matrimonio acusado había instalado en varios supermercados chinos porteños.
Ganancias de los proxenetasSusana Trimarco está a cargo de la Fundación María de los Angeles, y fue una de las impulsoras de la ley que se sancionó en 2008. Se involucró en la causa en abril de 2002, cuando su hija fue secuestrada por una red de trata de personas. Por su lucha en esa búsqueda, en 2007, recibió del gobierno de los Estados Unidos el premio Madre Coraje.
Esa fundación, como La Casa del Encuentro y el resto de las ONG que integran la Red No a la Trata, intercambian información y constituyen una fuente de denuncias para que la Ufase comience a investigar.
"Nosotros intervenimos cuando algún vecino denuncia la existencia de un prostíbulo donde hay mujeres explotadas sexualmente. También nos ocupamos de contener y orientar a los familiares de las mujeres que fueron secuestradas. Después, le pasamos los casos al fiscal", expresó Tuñez.
Si bien no existen cifras oficiales sobre la cantidad de dinero que las organizaciones dedicadas a la trata de personas manejan en el mundo, Tuñez explicó: "Una mujer adulta deja mil dólares por mes a cada proxeneta. Si esa mujer es menor, la cantidad se duplica y, si las niñas son vírgenes, hay que multiplicar por cinco el monto original. La vida de una mujer como víctima de la trata no es mayor de 12 o 14 años. Para mantenerlas cautivas, los proxenetas las hacen adictas y alcohólicas". Y, según aseguran los especialistas, se reclutan cada vez más jóvenes.
"Es fundamental hacer controles en las zonas de frontera. Es un delito muy complejo de investigar porque muchas veces las víctimas no quieren declarar.", sostuvo el comandante mayor Alberto González, jefe del Departamento Antitrata de Personas de la Gendarmería.
Desde 2008, dicha fuerza de seguridad y la Policía Federal liberaron, cada una, a más de 200 mujeres, en su mayoría de nacionalidad argentina, paraguaya y dominicana, que estaban en poder de las redes de trata de personas.
Si bien la ley 26.364 sirvió para tipificar el delito de trata de personas y colocarlo en jurisdicción de los tribunales federales, según Tuñez debería ser considerado un delito de lesa humanidad.
"Hace falta una decisión política. Si el Estado quisiera realmente encontrar a las mujeres secuestradas, deberían allanar todas las whisquerías y prostíbulos del país", concluyó Tuñez.
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