La Cámara en lo Penal y Contravencional porteña confirmó el fallo que había absuelto al piquetero oficialista Luis D’Elía por haber cortado calles sin aviso durante una marcha que encabezó el 7 de mayo de 2009, y avaló su accionar al afirmar que tampoco pidieron permiso quienes se manifestaron en abril de 1811 frente al Cabildo ni los protagonistas de la movilización del 17 de octubre de 1945.
Fuentes judiciales informaron que los camaristas José Sáez Capel y Elizabeth Marum, de la Sala I, confirmaron lo resuelto por la jueza de primera instancia Cristina Lara, quien había absuelto a D’Elía el 6 de noviembre pasado en un juicio oral y público.
Al votar por la absolución, Sáez Capel señaló que “hubiera sido como que al Cabildo de Buenos Aires le hubiera tenido que notificar el abogado Joaquín Campana, casi un ignoto en nuestra historia, cuando en abril de 1811 los indios, mulatos y provenientes de la campaña y suburbios plebeyos de la ciudad se presentaron ante la Plaza de Mayo en apoyo de Cornelio Saavedra y los suyos”.
“Esa fue la primera real manifestación de nuestra historia patria, manifestación, pueblada o como se la quiera llamar”, señaló el magistrado.
En ese sentido, el juez ejemplificó con la marcha a Plaza de Mayo del 17 de octubre de 1945 en apoyo del general Juan Domingo Perón, o más recientemente con la convocatoria que hizo Juan Carlos Blumberg en reclamo de mayor seguridad, casos en los que -según recordó- no se dio aviso a las autoridades.
La jueza de primera instancia, Cristina Lara, ya había absuelto a D’Elía el 6 de noviembre pasado en un juicio oral y público.
Además, Sáez Capel y Marum coincidieron en que las autoridades policiales, en ese momento la Policía Federal, estaban al tanto de la realización de la marcha desde antes. El tercer integrante de la Sala I, Marcelo Vázquez, votó en disidencia.
La Cámara evaluó el recurso de apelación presentado contra el fallo absolutorio por parte del fiscal del juicio, Adolfo Bormida, quien en sus alegatos durante el debate había pedido que D’Elía fuese condenado a pagar una multa de 5 mil pesos y a realizar una actividad académica vinculada con los derechos humanos.
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