La Corte tratará sin urgencia la validez de la ley de medios
El tribunal, dispuesto a esperar otras apelaciones
Adrián Ventura
LA NACION
La ley de medios audiovisuales entró a estudio de la Corte Suprema, y el tribunal quedó, ahora, expuesto a una fuerte presión política.
El Gobierno pretende que la Corte actúe rápido y que restablezca la vigencia de la ley. Sin embargo, la situación no es tan simple: la ley, debido a la forma en que fue sancionada y a su contenido, fue suspendida, total o parcialmente, por cuatro jueces en seis causas judiciales distintas y no solamente por decisión de la jueza Olga Pura de Arrabal, el único expediente que hasta ahora llegó al alto tribunal.
No se descarta, así, que antes de apurar la definición de un asunto tan delicado, pese a las presiones del Gobierno, la Corte espere a tener ante sí toda una gama de impugnaciones, para hacer una lectura más adecuada y completa de la situación. Quien primero salió a apurar una definición fue la presidenta Cristina Kirchner, que no esperó ni un minuto para emitir su opinión: "No entra en ninguna biblioteca ni en ninguna cabeza impedir el funcionamiento de una ley por una medida cautelar. Ojalá podamos tener pronto la vigencia de la ley de medios".
El planteo de la Presidenta, durante su discurso, anteayer, en la ex ESMA, fue casi simultáneo al momento en el que la Cámara Federal de Mendoza decidió elevar al alto tribunal una de las causas en las que los jueces de primera instancia paralizaron total o parcialmente la norma.
En el mismo sentido, Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca, el nuevo Comfer), calificó de "descabellado" que una jueza suspendiera la ley y dijo que está esperanzado en que la Corte trate el tema "rápidamente".
La ley de medios, sancionada por el Congreso en octubre último, es considerada parte de una estrategia oficial para desarticular a los operadores de medios y facilitar el desembarco de empresarios cercanos al Gobierno, y esa estrategia se identifica con otros ataques contra Papel Prensa y contra el periodismo.
La norma prohíbe que un operador de TV abierta posea un sistema de cables y establece que el titular de un sistema de cable sólo puede trasmitir una señal propia (y debe desprenderse de las demás).
Además, fija muy bajos parámetros para acumular licencias de AM, FM y TV abierta; permite que entren en la actividad prestadores de otros servicios públicos, mientras que los operadores de medios deben prestar esta actividad con exclusividad. Impide que informativos nacionales se difundan en horarios centrales en las provincias y fija un plazo de un año para que los propietarios de medios vendan las empresas que tienen en exceso.
Por otro lado, el trámite de sanción de la ley en Diputados parece haber sido irregular y esas violaciones al Reglamento de Diputados son las que ahora están a estudio de la Corte.
La demanda presentada por el diputado Enrique Thomas y resuelta por la jueza Pura de Arrabal señala que el proyecto fue tratado en un plenario de comisiones caótico; el dictamen de mayoría tuvo distintas versiones y estaba impreso antes de finalizada la sesión de las comisiones.
Las impugnacionesSi bien el Gobierno focaliza sus ataques en el grupo Clarín, la norma también perjudica a muchos otros operadores. Así, el Grupo Vila planteó la inconstitucionalidad de la norma en San Juan.
Haciendo hincapié en esos vicios de forma y de fondo, desde diciembre varios jueces suspendieron la ley total o parcialmente.
En la causa que ahora llegó a la Corte, a instancias de un recurso extraordinario, la jueza Pura de Arrabal había decidió la suspensión de toda la ley por "vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional" en el proceso de su sanción y la Cámara Federal confirmó la medida. Varios de esos jueces resistieron la presión oficial, pero sufrieron persecución: el camarista Otilio Roque Romano lo denunció públicamente y tanto la Presidenta como su predecesor, Néstor Kirchner, imputaron a los jueces de estar vinculados con la dictadura.
Durante estos meses, la Autoridad Federal violó la suspensión para aplicar la ley al pautar publicidad oficial, ordenar la realización de un censo obligatorio, aplicar multas y tomar espacios audiovisuales para transmitir en cadena nacional.
El Gobierno apuesta a que la Corte convalide la ley. Pero las cosas no parecen ser tan sencillas como pretende el Poder Ejecutivo.
La Corte, como principio, no se ocupa de medidas cautelares. Y si bien el Gobierno plantea que existe gravedad institucional para justificar la revisión de la medida cautelar, la mayoría de los fallos dictados contra la ley todavía están lejos de llegar al alto tribunal.
La Corte tiene tres alternativas: desestimar el recurso y dejar en pie la suspensión; revisar el trámite de sanción de las leyes o, esperar, que le arribe a su estudio otro expediente en el que se impugnen algunos artículos por inconstitucionales.
La situación, admiten en la Corte, es delicada. El Gobierno sostiene que esta pelea encubre intereses económicos, pero es inocultable que la ley de medios también importa un serio riesgo para la libertad de expresión y que lo que la Corte resuelva tendrá un fuerte impacto.
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